NETANYAHU LE SERRUCHA EL PISO A ISRAEL EN LA HAYA

Al mejor estilo israelí, Netanyahu y su gobierno recurrieron a la difamación y descredito de Sud África y la Corte Internacional de Justicia (CJI) por el hecho que ese país presente una demanda exigiendo la condena de Israel por intención de llevar a cabo un genocidio en Gaza, y por el hecho que el alto tribunal no rechazó de plano la denuncia aceptando continuar el proceso.

Tras la primera sesión, el CJI rechazó la demanda de Sud África de un alto inmediato de las operaciones militares de Israel, pero le ordenó a Israel una serie de “medidas provisionales” que Israel debe tomar para impedir la matanza de más civiles en Gaza y prevenir actos que ese tribunal los pueda interpretar como genocidio o intención de genocidio en ese territorio palestino. En este aspecto vale la pena señalar 3 puntos muy significativos:

1   Ante una catastrófica situación humanitaria con un grave riesgo de deteriorarse aún más, el CJI exige de Israel garantizar el abastecimiento continuo y suficiente de ayuda humanitaria a la población civil.  

2   Israel debe prevenir y castigar cualquier comentario público que pueda considerarse incitación a cometer genocidio en Gaza.

3   Israel debe garantizar que su ejército no cometa ningún acto genocida.

PALESTINOS DE GAZA EN BÚSQUEDA DESESPERADA DE ALIMENTOS 

A poco mas de un mes de su primer veredicto, los jueces del CJI comprendieron que Israel no cumple claramente con las “medidas provisionales” que el tribunal le fijó. Por lo tanto, y de forma extraordinaria, ordenaron categórica y explícitamente nuevas medidas preventivas a Israel. Según el CJI, desde el veredicto anterior, “las catastróficas condiciones de vida de los palestinos en la Franja de Gaza se han deteriorado aún más, especialmente a la luz del período prolongado y la falta generalizada de alimentos y artículos de primera necesidad. Los palestinos ya no se enfrentan sólo al peligro de morir de hambre, sino que esta hambruna ya ha comenzado". La nueva orden obliga a Israel a organizar la entrada urgente de ayuda humanitaria adicional, que incluye agua, electricidad, combustible, alojamiento, ropa, higiene y saneamiento y equipo médico, aumentando la capacidad y el número de puntos de cruce terrestres hacia la Franja de Gaza (“Nuevas medidas de CJI contra Israel”, Ynet, 28-3-24).

Al mismo tiempo que CJI divulgó las nuevas medidas exigidas a Israel, un detallado y argumentado informe de Neta Ajituv en Haaretz expone la dramática tragedia que se está conformando en Gaza. “Hambruna severa, plagas y miles de heridos sin tratar. Epidemiólogos reconocidos internacionalmente advierten: si la crisis humanitaria en Gaza continúa, el número de muertos llegará a 100.000 este verano. Si la crisis empeora, se deberían esperar más de 120.000 víctimas, más que las causadas por la bomba atómica en Nagasaki”.

Además, periódicamente se organizan manifestaciones de israelíes en los pasos terrestres a Gaza, en parte fomentada por sectores extremistas allegadas a componentes de la coalición gubernamental israelí, con el objetivo de impedir el ingreso de camiones con ayuda humanitaria a Gaza bajo el pretexto de impedir que dicha ayuda llegue a manos de Hamas.

El incumplimiento de las “medidas provisionales” demandas de Israel por CJI también es parte de la exigencia de prevenir y castigar declaraciones públicas que puedan considerarse incitación a cometer genocidio en Gaza. Como se recordará, ante el tribunal en La Haya se presentaron testimonios de manifiestos de altos funcionarios israelíes que proponían “borrar Gaza del mapa”, “lanzar una bomba atómica sobre Gaza”, “imponer un bloqueo total sobre Gaza de manera que la población de Gaza no tenga electricidad, combustible, agua ni comida. Todo estará bloqueado porque Israel lucha contra animales humanos”. Si bien es cierto que se redujo considerablemente la cuantía de este tipo de declaraciones por parte de funcionarios, hasta el momento no se tiene ninguna noticia que el gobierno de Israel tomara medida alguna o tenga la intención de prevenir y especialmente castigar este tipo de conducta.  

Los informes trascendidos de la última reunión del gabinete de guerra de Israel dan a entender que las decisiones de Netanyahu muy probablemente se conviertan en otro testimonio que agregue peso para inculpar a Israel en promover un genocidio. En esa oportunidad Netanyahu expresó su total oposición a permitir el retorno al norte de Gaza de más de un millón de palestinos que fueron movidos al sur de la Franja ("El jefe del Mossad afirmó que existía la posibilidad de un acuerdo, Netanyahu se opuso", N12, 28-3-24). Según un experto en derecho internacional, Israel muy bien podría ser culpado de cometer el delito de limpieza étnica, si es que no permite el retorno de refugiados palestinos del norte que por la guerra se refugiaron en el sur (“El retorno de población palestina al norte de Gaza: ¿Cuándo y en que condiciones?”, El Foro de Pensamiento Regional, Instituto Van Leer, Jerusalén, 8-2-2024).

Da la impresión que en Israel todavía no les cayó la ficha que, desde el momento en que dominan militarmente una región fuera de su territorio soberano, necesariamente cae bajo su responsabilidad total el cuidado y la supervivencia de la población civil en todos los aspectos. El empecinamiento de Netanyahu en no programar el orden civil para el día después de la conquista militar de Gaza le está serruchando el piso a Israel en La Haya con una posible condena internacional, moral e histórica de la cual tampoco el judaísmo podrá liberarse.

Como si esto fuera poco, parece que en Israel se olvidaron que a la vuelta de la esquina lo está esperando Karim Khan, el fiscal general del Corte Penal Internacional (CPI). Como se recordará, este alto funcionario visitó Israel a fines de octubre pasado, y antes de abandonar el país declaró: “Estamos llevando a cabo una investigación por posibles delitos de guerra como resultado del ataque de Hamas poblaciones de Israel, y también por los bombardeos en Gaza y por lo que ocurre en Cisjordania” (Ynet, 29-10-23).

A diferencia de CJI, que puede acusar únicamente a estados, el CPI puede acusar y dar órdenes de detención internacional a funcionarios y oficiales del ejército que los considere culpables de haber ordenado y/o cometido delitos de guerra. Mas allá del accionar israelí en Gaza, las sanciones lanzadas por USA y Europa contra civiles judíos por sus ataques a población civil palestina en Cisjordania, sin que el ejército israelí, como soberano en la región, cumpla su función de proteger a toda la población de la región, tienen el potencial de convertirse en un catalizador que promueva acusaciones contra funcionarios y oficiales del ejército de Israel.

Daniel Kupervaser

Herzlya – Israel 1-4-2024

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